Cientos de consumidores se han puesto en contacto con la asociación alertando de que algunos bancos están devolviendo recibos que ya están siendo emitidos por varias empresas con el nuevo código IBAN, ya que los sistemas de varios bancos todavía no estaban preparados para el nuevo formato de los pagos en Europa.

Respaldo judicial de las tesis de ADICAE: al margen de la transparencia y la información, las cláusulas suelo son abusivas por el desequilibrio que generan, contrario a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El juez se pregunta "¿por qué el trastorno económico de una entidad bancaria es mayor que el de cualquier ciudadano?".

La Plataforma Unitaria Solución Fórum y Afinsa, encabezada por ADICAE, ha unido fuerzas desde toda España en la manifestación que se ha celebrado en Madrid para pedir una solución a un fraude a los ahorradores que ha cumplido ocho años. A su vez, en una veintena de ciudades se han organizados concentraciones paralelas.

En Zaragoza la concentración se realizó en la Plaza España (junto al Banco de España).

Se cumplen ocho años desde el estallido del fraude filatélico en España; desde entonces, más de medio millón de ahorradores siguen atrapados en interminables procesos judiciales.

La propuesta de solución planteada por ADICAE y compartida por el resto de plataformas de afectados a través de la “Plataforma Unitaria Solución Fórum-Afinsa” cada vez tiene más apoyos. Los afectados exigen una solución política consistente en que el ICO adquiera los derechos de los afectados sometidos a un inacabable concurso de acreedores por el valor de sus ahorros atrapados, de tal manera que se logre una recuperación satisfactoria de los ahorros defraudados y se les 'rescate' del abandono y falta de respuesta eficaz al que vienen siendo sometidos.

ADICAE pide por ello que el Gobierno de Aragón dé un empujón a esta propuesta de  solución para las 8.268 familias de la Comunidad, que en esta época de crisis siguen sin poder disponer de unos ahorros que alcanzan en la región la cifra de 110 millones de euros. Se trata de casi un 2% de los más de 6.000 millones de euros volatilizados en toda España en un fraude masivo ante el que las autoridades no quisieron intervenir, un volumen importante que supondría una inyección económica clave para estas familias, en su mayor parte pequeños ahorradores, y para la propia economía aragonesa.