En una sociedad cada vez más consciente de los desafíos sociales y medioambientales que hay en la actualidad, el sistema financiero se alza como uno de los principales participes ante el reto climático y destaca su rol protagónico como financiador de la transición ecológica, siendo un sector necesario a la hora de canalizar recursos y movilizar fondos, de manera eficiente, para conseguir lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo, así como valorar de manera correcta su exposición ante los distintos riesgos climáticos.
Desde la inversión en energías renovables hasta el financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario, las finanzas sostenibles ofrecen una amplia gama de oportunidades para los inversores que buscan alinear sus intereses con un futuro más próspero y sostenible.
Las inversiones sostenibles se han convertido en los últimos años en una de las formas de inversión más populares y de mayor interés en nuestro país, como consecuencia de dos factores fundamentales: el aumento de la demanda de los inversores y el incremento de la regulación para potenciar unas inversiones que no solamente respondan a criterios de rentabilidad, sino también sociales.
En el año 2022, a pesar de las dificultades asociadas al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y el entorno económico de inflación y elevados tipos de interés, el peso de los activos gestionados con algún criterio ASG (ambiental, social y de gobernanza) ha aumentado del 51% al 55% sobre el total comercializado en España, según el estudio “La inversión Sostenible y Responsable en España 2023”, desarrollado por Spainsif.
¿Qué son las inversiones sostenibles?
Se denominan inversiones sostenibles a aquellos recursos económicos que se invierten en sectores de capital o productivos que tienen en cuenta objetivos ambientales, sociales y de buena gobernanza, como pueden ser la reducción del cambio climático, la protección de los derechos humanos o políticas para evitar la corrupción.
Existe una amplia gama de productos de inversión sostenible: hipotecas, bonos verdes, cuentas bancarias, depósitos… sin embargo, los fondos de inversión son los productos financieros más populares dentro de esta categoría.
Desde la entrada en vigor del Reglamento de Divulgación de Fianzas Sostenibles (SFDR), en marzo de 2021, hasta la actualidad, los fondos de inversión sostenibles han pasado de representar del 9,8% al 34% del total de fondos comercializados en nuestro país.
Además, ya existen casi 7,6 millones de cuentas de participes en Fondos Sostenibles, lo que supone el 47,3 % de todas las cuentas.
Beneficios de las inversiones sostenibles
La inversión sostenible va más allá de los rendimientos financieros y tiene en cuenta el impacto de las inversiones en la sociedad y el medio ambiente. Al alinear las decisiones de inversión con los valores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), la inversión sostenible ofrece diversos beneficios que contribuyen a una sociedad mas equitativa e inclusiva. Algunos de los beneficios que tienen las inversiones sostenibles son:
- Reducción emisiones de carbono
- Preservación de la biodiversidad
- Conservación de los recursos naturales
- Promover la diversidad y la inclusión
- Fomentar el desarrollo comunitario
- Mitigación del cambio climático
Regulación de las inversiones sostenibles
En los años 2022 y 2023 se han llevado a cabo importantes avances regulatorios europeos en materia de finanzas sostenibles. En el año 2022, destaca la entrada en funcionamiento de la Taxonomia Ambiental, la cual establece cuatro condiciones generales que debe cumplir una inversión o actividad económica para que pueda ser considerada sostenible: cumplir con unas garantías mínimas sociales, contribuir con un criterio, como mínimo, de los seis objetivos medioambientales, no causar ningún perjuicio al resto de objetivos medioambientales y ajustarse a los criterios técnicos de selección establecidos.
Asimismo, son relevantes los rápidos avances en materia de divulgación de sostenibilidad de los productos financieros, con el desarrollo de la normativa de nivel 2 de la SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles) y su entrada en vigor en 2023, la cual busca mejor la transparencia en el mercado de productos de inversión sostenible.
Por otro lado, es importante destacar la entrada en vigor a finales de 2022 de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), la cual busca mejorar el reporte de sostenibilidad y del impacto social y ambiental por parte de las empresas y la entrada en vigor de la evaluación de sostenibilidad dirigida a conocer las preferencias de sostenibilidad del inversor minorista (MIFID II)
En cuanto al marco regulativo a nivel nacional, destaca la Ley de cambio climático y transición energética, aprobada en mayo de 2021, y la cual establece la obligación de informar sobre el riesgo financiero ligado al riesgo de cambio climático que tienen que elaborar las sociedades cotizadas, grandes empresas y entidades financieras.
¿Qué le puedo exigir a la entidad financiera?
Como consumidores, tenemos el derecho de exigir más transparencia, el uso de indicadores claros para evitar el “ecopostureo” o greenwashing, un lenguaje comprensible y asegurarnos que el dinero invertido realmente va destinado a fines relacionados con el medioambiente y el cambio climático.
Por un lado, los consumidores podemos exigir a las entidades financieras una mayor oferta de productos de inversión sostenibles, no solo a través de nuevos fondos de inversión, sino también a través de depósitos, cuentas corrientes, hipotecas…
Por otro lado, podemos exigir más transparencia a las entidades, a través de la publicación del porcentaje de volumen de préstamos e inversión de productos financieros calificados como sostenibles frente al volumen de inversión total y de la publicación en el folleto de inversión y en el documento Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) los criterios para la calificación del producto como sostenible.
Por último, los consumidores podemos exigir una mayor información, solicitando a las entidades que comuniquen de forma clara la importancia de los riesgos del cambio climático en el ahorro y la inversión, que informen sobre cómo van a llevar a cabo su estrategia de sostenibilidad, incluyendo políticas y códigos de conducta y que proporcionen la información necesaria sobre los criterios para calificar el producto financiero como sostenible.
Pablo Mate Ubieto-Técnico de ADICAE